A raíz del escándalo por lo ocurrido con los 956 empleados estatales tucumanos que percibían el Potencial Trabajo, el legislador José Cano presentó un proyecto de ley para crear un Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de planes y programa sociales. Esta iniciativa fue impulsada por el propio legislador en 2004, aprobada por la Legislatura y vetada por el entonces gobernador, José Alperovich.
“El 27 de febrero del 2004, la Honorable Legislatura de la Provincia, sancionó una ley de mi autoría que disponía la implementación de un Padrón Único de Beneficiarios de Planes y Programas Sociales. El 17 de marzo de ese año, el gobernador José Alperovich vetó la ley, aduciendo que esta tarea requería de tecnología informática y de recursos humanos que el área responsable de la misma no poseía en cantidad y calidad suficientes”, comentó Cano en el proyecto presentado.
El proyecto estipula que el Ministerio de Desarrollo Social sería el organismo responsable de construir, poner en marcha y mantener el padrón. Sería la cartera provincial la encargada tambien de conformar canales directos e indirectos que permitan el acceso a la información disponible en el sector público nacional y provincial, todo esto sin violar los acuerdos y normativas de confidencialidad de los datos.
“A 20 años de mi propuesta inicial vuelvo a insistir con este proyecto, ya que nada ha cambiado en la provincia. Hoy no existen argumentos válidos que sostengan la no implementación de este padrón. Es imperioso que los planes sociales lleguen a quienes más lo necesitan. La implementación de planes de ayuda social, como respuesta inmediata a la crisis, ha sido inevitablemente más veloz que los controles sobre la transparencia de su gestión y la evaluación de sus resultados”, agregó el legislador de la Unión Cívica Radical.
Tras el escándalo político que involucró a 956 empleados estatales que percibían de manera irregular el programa Potencial Trabajo, el gobierno de la provincia se vio obligado a iniciar sumarios para investigar lo ocurrido.
“Con esta ley, el objetivo es lograr la identificación de los beneficiarios que obtienen más de un beneficio de los diferentes programas sociales, como de un mismo programa; el aporte de información para determinar la transparencia de los beneficios otorgados y la detección de posibles irregularidades en el cumplimiento de los criterios exigidos a los beneficiarios para su incorporación en programas sociales, entre otros objetivos”, puntualizó el autor del proyecto.
Por último, Cano manifestó: “Es imperioso implementar en el área de desarrollo social de la provincia un sistema informático permanente y actualizable de empadronamiento e identificación de la población beneficiaria de los programas y planes sociales, y de toda aquella población susceptible de percibir esos beneficios que contribuya a asegurar la equidad, objetividad y transparencia en el otorgamiento y manejo de dichos programas y de los beneficios”.