En un país atravesado por el ajuste, las prioridades del Gobierno Nacional son cada vez más claras. Mientras se recortan recursos vitales en salud y discapacidad, emergen escándalos de una gravedad institucional alarmante. La reciente filtración de audios en los que el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, confiesa el cobro de coimas para sostener contratos públicos en el área de medicamentos es apenas la punta de un iceberg podrido.
No es casualidad que la misma agencia que ha sido responsable de profundizar el vaciamiento en políticas para personas con discapacidad, hoy esté en el centro de una presunta red de recaudación ilegal que involucra a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y al empresario farmacéutico Jonathan Kovalivker. El mensaje que baja desde el Gobierno es claro: se gobierna con cálculo financiero, sin conciencia social y mucho menos ética pública.
Este entramado no solo expone la corrupción, sino que golpea en los sectores más vulnerables. Mientras los funcionarios piden “paciencia”, miles de chicos no pueden asistir a sus centros terapéuticos, los transportes están deshabilitados, las pensiones no se pagan, y los nomencladores no se actualizan desde hace años. Todo esto bajo el mismo discurso de “déficit cero”, que en la práctica significa “solidaridad cero”.
Desde Tucumán, cientos de docentes, madres, terapeutas y familias marchan en las plazas por la Ley de Discapacidad vetada por el Presidente. No piden privilegios, piden dignidad. Piden coherencia. Y mientras el oficialismo mira para otro lado, en el Congreso avanzan pedidos de informes sobre un circuito de retornos que termina, según los propios audios, “subiendo a Presidencia”.
No podemos naturalizar que funcionarios jueguen con la vida de las personas para enriquecerse ni que el ajuste recaiga sobre quienes más necesitan del Estado. El mensaje debe ser contundente: la discapacidad no es un negocio. Y los responsables de haber convertido el dolor en caja deben rendir cuentas, sin fueros ni privilegios.