El legislador Jose Cano se refirió hoy al escandaloso caso de los policías acusados de secuestrar a un joven en una dependencia oficial y exigir un rescate de $240.000. Para el referente, este “modus operandi” delictivo dentro de la fuerza es la causa de una institución que opera con una ley obsoleta de 1970 y sin controles básicos. “La seguridad ciudadana no existe si quienes deben protegernos usan el uniforme para extorsionar”, sentenció Cano.
“Frente a este escenario de degradación, resulta impostergable el tratamiento de la nueva Ley Orgánica de la Policía (Expte: 36-PL-26) que presentamos oportunamente”, sostuvo el legislador. El proyecto busca modernizar la estructura de la fuerza, hoy regida por una normativa de hace más de 50 años, proponiendo una división clara entre las tareas de prevención y las de investigación judicial, además de profesionalizar los procesos de selección para evitar que delincuentes con chapa sigan formando parte de las filas policiales.
Asimismo, Cano destacó la importancia de trabajar sobre su proyecto de ley que crea el “Programa Provincial de Monitoreo Policial” (Expte: 453-PL-25). Esta iniciativa busca la instalación obligatoria de videovigilancia en todas las áreas de las comisarías, incluyendo ingresos, guardias y calabozos. Según el legislador, de haber existido este sistema, el traslado ilegal de la víctima a la Jefatura de Zona III y la presencia de civiles involucrados habrían quedado registrados, sirviendo como prueba irrefutable desde el primer minuto.
Finalmente, Cano fue tajante sobre su propuesta de crear la Inspectoría General de Asuntos Internos: “Mi proyecto impulsa la creación de este organismo civil para perseguir a los delincuentes disfrazados de policías que manchan el uniforme, pero sobre todo para blindar y proteger a los buenos agentes que hoy no denuncian por miedo a las represalias de sus jefes”. Según el legislador, con esta nueva estructura externa, se busca que el policía con vocación de servicio se sienta respaldado por el Estado, mientras que los efectivos que actúan fuera de la ley sean detectados por una auditoría independiente y juzgados con todo el peso de la ley.