El legislador radical impulsa una iniciativa para “proteger a alumnos, padres y docentes en escuelas de gestión privada” y pide al Gobierno claridad sobre los números en el sector.
José Cano presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Educación Provincial N° 8391. “Buscamos que las instituciones privadas pierdan el subsidio del estado si es que llevan a cabo un despido sin justa causa o sin apego a las normas; o si deniegan pases, certificados o diplomas por deudas económicas”
Cano también mencionó que además de las situaciones precarias en la que se encuentran los docentes, muchos de ellos están contratados bajo la modalidad de contrato de locación de servicios con duración de diez meses, mientras que los establecimientos perciben mediante el pago de la matrícula el pago de todo el año.
“Es necesario que el Ministerio de Educación de la provincia ejerza su rol, esto incluye verificar que los docentes reciban una remuneración mínima equivalente a la de los docentes de instituciones públicas, así como que cuenten con los títulos necesarios para ejercer su labor, y aplicar la normativa para la quita de subsidios en caso que corresponda, entre otras.
*Pedido de informe: “Se debe transparentar la distribución de fondos públicos en la educación privada*
El pedido de informe dirigido a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada contempla diversas preguntas fundamentales para entender la situación actual de la educación privada en Tucumán, que incluyen desde cuantos establecimientos de gestión privada tiene la provincia, cuantos reciben subsidios del Estado Provincial y cual es el monto; el número de docentes que prestan servicios en estas instituciones y su situación laboral, entre otras.
“Es necesario conocer en detalle cómo se distribuyen los fondos públicos destinados a los establecimientos privados. Buscamos transparencia, con qué criterios se establecen los subsidios destinados a cada establecimiento y su modalidad de implementación” explicó Cano.
Cano resaltó la importancia de este pedido de informe en un contexto donde los docentes privados enfrentan condiciones laborales precarias, incluso a veces contratados con una locación de servicios, con duraciones de cargos arbitrarias y en ocasiones sin percibir sus sueldos durante meses. “Es imprescindible conocer la distribución de los fondos públicos y el estado laboral de los docentes privados para poder implementar políticas que mejoren su situación y aseguren una educación de calidad para todos los tucumanos”, afirmó.