El legislador José Cano expresó su profunda alarma tras conocerse la investigación judicial que involucra a siete efectivos de la Policía de Tucumán en el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta. “Estamos ante un hecho de una gravedad institucional intolerable que confirma lo que venimos advirtiendo: el narcotráfico ha permeado estructuras clave de la seguridad provincial, con agentes que actúan con total impunidad fuera de su jurisdicción, incluso estando en pleno horario de servicio en sus destacamentos para oficiar de custodia o de ladrones de cargamentos narcos”, afirmó Cano.
Para el parlamentario, es inexplicable el grado de descontrol que permite que un destacamento policial opere sin supervisión alguna de sus superiores. “¿Cómo es posible que un destacamento se maneje solo, fuera de su jurisdicción y con total autonomía para delinquir sin que la superioridad tenga control alguno? Este episodio en el paraje El Potrero expone el colapso del sistema actual y la urgencia de terminar con los mecanismos corporativos de revisión interna; el pase a disponibilidad dictado por la cúpula es un parche insuficiente ante la magnitud de este nivel de connivencia”, enfatizó.
Como respuesta de fondo, Cano ratificó la necesidad de avanzar con su proyecto de ley para crear la Inspectoría General de Asuntos Internos, un organismo de control externo a la institución policial. “Propongo que la conducción esté a cargo de un civil sin vínculos recientes con las fuerzas, garantizando una investigación objetiva. La iniciativa prevé auditorías patrimoniales estrictas y un registro digital inalterable para evitar que se adulteren los libros de guardia, una práctica nefasta que se utiliza para encubrir estos movimientos clandestinos de los efectivos”, detalló el legislador.
Finalmente, Cano fue tajante al diferenciar a la institución de quienes la degradan: “Mi proyecto impulsa la creación de este organismo civil para perseguir y castigar a los delincuentes disfrazados de policías que manchan el uniforme. Pero, sobre todo, busca blindar y proteger a los buenos agentes que hoy no denuncian estos delitos por miedo a las represalias de sus superiores. Con esta estructura externa, buscamos que el policía con vocación de servicio se sienta respaldado por el Estado, mientras que los delincuentes con chapa sean detectados y extirpados de la fuerza con todo el peso de la ley”.