El legislador presentó un pedido de informe con 18 preguntas tras el suicidio de una adolescente de 17 años bajo custodia del Estado. Apunta a la falta de control en dispositivos de protección.
El legislador José Cano presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial luego de que una adolescente de 17 años se quitara la vida en el Instituto Santa María Goretti, un centro destinado a la protección de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La joven estaba bajo custodia estatal, y el hecho vuelve a encender las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de protección en Tucumán.
“La muerte de una adolescente dentro de un dispositivo estatal no puede tratarse como un caso aislado. Es una muestra del colapso del sistema y requiere respuestas urgentes y responsables”, afirmó Cano.
El legislador radical ya había solicitado informes al Ministerio de Seguridad por el caso de Víctor Hugo Herrera, fallecido días atrás en la comisaría de Los Pocitos. Ahora, dirigió al Ministro de Desarrollo Social un nuevo documento con 18 preguntas que buscan esclarecer lo ocurrido en el Goretti y establecer responsabilidades.
Entre los temas incluidos en el pedido se destacan la situación judicial y clínica de la adolescente, el nivel de capacitación del personal en salud mental infantil, las intervenciones del equipo interdisciplinario, y las medidas tomadas tras el hecho. También se solicitó información sobre su entorno familiar, antecedentes de autolesiones y la contención implementada para las demás menores alojadas.
Cano puso el foco en un aspecto clave: el acceso de la adolescente al arma reglamentaria de una agente policial. Exigió saber por qué la oficial portaba el arma dentro del instituto, cómo fue posible que la menor accediera a ella, qué protocolos se activaron y si se inició una investigación interna.
Además, pidió un detalle sobre la situación actual del instituto: cantidad de adolescentes alojadas, perfiles de casos admitidos y recursos disponibles para tratar situaciones de salud mental severa.
“Queremos saber quiénes estaban a cargo, qué controles se ejercieron y si se activaron los protocolos. El silencio no es una opción”, remarcó Cano.
Finalmente, sostuvo que estos casos deben marcar un antes y un después en la responsabilidad estatal: “No se trata solo de fallas individuales, sino de una estructura deficiente. La falta de control, planificación y formación está costando vidas. El Estado no puede seguir sin responder”.